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Votar te hace cómplice 

El archipiélago de Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica importante y no es para menos; el estatus político colonial, la crisis fiscal actual, la imposición de la ley PROMESA, que constituye un cuerpo político  dictatorial llamado “La junta de control fiscal”; son varias de las cosas a las que se enfrenta de cara al futuro. Momentos críticos como estos dan paso a que se den explicaciones simples a situaciones complejas y de envergadura. Situaciones que se han introducido a sabiendas de quien saldrá beneficiado/a y a espaldas de quien vivirá sin entender las manifestaciones de dichos mecanismos. “¿Por qué votar me hace cómplice?” “Siempre me han dicho que el que no vota no puede opinar”.

Vamos a comenzar por establecer que Puerto Rico tiene técnicamente 5 constituciones: Ley Foraker (1900), Ley Jones (1917), la Ley 600 (leyes de relaciones federales), la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos por la subordinación colonial. Esta última sólo subordina a la constitución del territorio de Puerto Rico y no lo protege como en ocasiones se cree. Puerto Rico es un territorio no incorporado y por ende no está protegido por la Constitución de Estados Unidos sino que sujeto a las disposiciones de ella. Por otro lado, existe la cláusula de supremacía en el artículo VI de la Constitución de Estados Unidos. Esta cláusula afirma que todas las leyes que fueron impulsadas por la Constitución de Estados Unidos y todos los tratados hechos bajo la autoridad de la metrópolis son la ley suprema (véase el Tratado de París que impone la voluntad del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico). ¿Cómo se sostiene el estatus colonial (legalmente) de Puerto Rico? A parte de que se sostiene en la violencia e imposiciones que provienen de la metrópolis, también hay una triquiñuela o trama detrás de todo esto, que se pinta de sutileza y democracia. Aunque parezca gracioso el mecanismo que oprime a toda una nación se hace desde la concepción de la democracia (la democracia representativa). La democracia representativa es el mecanismo por el cual, en colectivo, un grupo de personas escogen a sus representantes para que lideren sus decisiones o creen políticas públicas cónsonas con sus necesidades. Para que estos procesos y decisiones sean legales El Pueblo de Puerto Rico debe votar. No es hasta que llegamos a esta etapa que comienza la intriga. ¿Qué es El Pueblo de Puerto Rico? El Pueblo de Puerto Rico legalmente es un ente creado por Estados Unidos mediante la Ley Foraker. Al buscar el art. 7 de dicha ley nos dice:

Art. 7. [Ciudadanos de Puerto Rico; creación de un cuerpo político bajo el nombre de El Pueblo de Puerto Rico]
“Todos los habitantes que continúen residiendo allí, los cuales eran súbditos españoles el día once de abril de mil ochocientos noventa y nueve, y a la sazón residían en Puerto Rico, y sus hijos con posterioridad nacidos allí, serán tenidos por ciudadanos de Puerto Rico, y como tales con derecho a la protección de los Estados Unidos; excepto aquellos que hubiesen optado por conservar su fidelidad a la Corona de España el día once de abril de mil novecientos, o antes, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Paz entre los Estados Unidos y España, celebrado el día once de abril de mil ochocientos noventa y nueve; y ellos, en unión de los ciudadanos de los Estados Unidos que residan en Puerto Rico, constituirán un cuerpo político bajo el nombre de “El Pueblo de Puerto Rico,” con los poderes gubernamentales que se confieren más adelante, y la facultad de demandar y ser demandados como tales.”

Esto quiere decir que El Pueblo de Puerto Rico es un ente político o corporación creada mediante esta ley y no un cuerpo creado desde el ejercicio de ciudadanía del colectivo boricua. Con la creación de dicho cuerpo se comenzó a legalizar la colonia y posteriormente a realizar el ejercicio por el cual se sostiene dicha estructura (el voto). No obstante, si Puerto Rico es un territorio colonizado y la estructura se sostiene mediante el voto; ¿qué vienen siendo los gobernantes del territorio? Sencillo, los administradores del territorio colonizado. Si buscamos la ley antes comentada y nos dirigimos al art. 17 encontraremos que expone: Art. 17. [Gobernador] “…y en este particular tendrá todas las atribuciones de gobernadores de Territorios de los Estados Unidos, que no sean localmente inaplicables; y anualmente y cada vez que se le ordene, informará oficialmente sobre la administración del Gobierno de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Estado, al Presidente de los Estados Unidos”. El problema es que al votar se sostiene la estructura creada mediante la ley Foraker (y las leyes subsiguientes), se elige quien administrará el territorio colonizado y cada persona que lo hace se alinea a la democracia representativa, democracia que se ejerce cada cuatro años. Cuando se habla de alinear también se debe tener en cuenta que al decir quienes son las personas que representan al colectivo se capacita a esas personas a tomar las decisiones que crea pertinentes (préstamos, recortes, venta de corporaciones, etc.), o sea, que para poder realizar un ejercicio de democracia debes esperar cuatro años o el tiempo que quede para volver a ejercer el voto que dicho sea de paso la metrópolis también lo detalló e impuso en la ley Jones que de igual manera se válida mediante el voto y cito:

Art. 29. [Elecciones; modificaciones en los distritos o en los municipios]: “Las próximas elecciones en Puerto Rico se celebrarán el año mil novecientos diecisiete, el día 16 de julio. En ellas se elegirán los senadores y representantes, un Comisionado Residente en los Estados Unidos y dos Comisionados de Servicio Público, según se provee en esta Ley. Después de esas elecciones, las sucesivas tendrán efecto el primer martes después del primer lunes de noviembre, a contar desde el año 1920, y cada cuatro años después, y el término del cargo de todos los funcionarios municipales que hayan sido elegidos antes de ahora…”

Por otro lado, si buscamos el art.12 de la Ley Jones encontraremos la forma y manera en que está montada la estructura del poder ejecutivo en la isla y el título o nombre que lleva dicho puesto. Podría parecer redundante pero ese ente es otra creación de la metrópolis mediante una ley y la única manera de validarlo es sosteniendo la estructura. Cito: Ley Jones Art. 12. [Gobernador]: “El poder ejecutivo supremo residirá en un funcionario ejecutivo, cuyo título oficial será “El Gobernador de Puerto Rico.” En las elecciones generales del 1948 y en cada una de las que se celebren en lo sucesivo cada cuatro años, los electores capacitados de Puerto Rico elegirán el Gobernador de Puerto Rico, quien ocupará el cargo por el término de cuatro años a partir del segundo día de enero siguiente a la fecha de las elecciones, y hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. Ninguna persona será elegible para el cargo de Gobernador a menos que en la fecha de las elecciones sea ciudadano de los Estados Unidos, tenga por lo menos 30 años de edad, sepa leer y escribir el idioma inglés, y haya sido residente bona fide de Puerto Rico durante los dos años inmediatamente anteriores. Tales elecciones se celebrarán en la forma que actualmente o en lo sucesivo se disponga por ley para la elección del Comisionado Residente.”

Si nos damos a la tarea y leemos más adelante en el mismo artículo encontraremos las obligaciones y poderes que posee el ente de: “El Gobernador de Puerto Rico”, para administrar el territorio dominado por el creador de la ley y que será validado mediante el voto y cito: “(…) Será responsable de la fiel ejecución de las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos aplicables a Puerto Rico, y siempre que fuere necesario podrá recurrir a los jefes de las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos en la Isla, o convocar el posse comitatus , o llamar a la milicia para evitar o suprimir violencias ilegales, invasión, insurrección o rebelión y podrá en caso de rebelión o invasión, o de inminente peligro de las mismas, cuando la seguridad pública lo requiera, suspender el privilegio del auto de hábeas corpus, o poner la Isla o cualquier parte de ella bajo la ley marcial hasta que pueda comunicarse con el Presidente y conocerse su decisión en el asunto. Anualmente, y cada vez que se le ordene, informará oficialmente sobre la administración del Gobierno de Puerto Rico al departamento ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos que será designado por el Presidente según se dispone en la presente, informe que será transmitido al Congreso; y desempeñará aquellos otros deberes y funciones que en cumplimiento de la ley el Presidente delegare en él.” Los poderes en la estructura del territorio de Puerto Rico no son derechos sino concesiones que ha hecho la metrópolis y que mediante el sufragio del ente creado en la ley Foraker: “El Pueblo de Puerto Rico”; se consiente, aunque no se esté de acuerdo, las decisiones tomadas.

Por último, no es arriesgado después de explicar cómo se sostiene la estructura, plantear que mediante el voto se concreta la parcialización hacia la junta de control fiscal. Técnicamente se está  de acuerdo con dicho organismo, que nuevamente es una ley creada por la metrópolis para regir, administrar y articular su dominio sobre el territorio colonizado. Mediante el voto se elige la representación que administrará la colonia y que será controlada por la junta. ¿Sino se elige la estructura que finalidad tiene la junta? Buena pregunta para la discusión. ¿Si la junta es una dictadura que función tiene el gobierno que se elija? ¿Seguir instrucciones? En este 2016 volverá a reinar el imperio del inmovilismo que promueve el ejercicio democrático cada cuatro años. “Finalmente, cualquier nueva estrategia de desarrollo para Puerto Rico, no importa cuán sofisticada o brillante, está abocada a fracasar si ignora el hecho que Puerto Rico ha llegado al límite del desarrollo que puede lograr dentro de las restricciones que le impone un estatus político subordinado que resulta humillante para los puertorriqueños e indigno para Estados Unidos” (Sergio Marxauch del Centro para la Nueva Economía en vista pública en el Senado de los Estados Unidos). 

Puerto Rico: sin saber como ganar el caso de la quiebra

En estas pasadas semanas hemos visto un sinnúmero de noticias sobre la deuda y la solicitud de quiebra bajo el capítulo 9 del gobierno de Puerto Rico. Esta solicitud es una bien cuesta arriva como bien expliqué en uno de los artículos anteriores titulado “El debate sobre la quiebra de Puerto Rico”, pero han ido surgiendo un sinnúmero de fenómenos en el transcurso de este debate o lucha.

Para comenzar hace unos días el gobierno de Puerto Rico presentó el presupuesto. El presupuesto es el documento financiero del Estado, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. Básicamente es una estimación de un gasto que deberá concretarse para realizar algo o representar claramente el dinero que implicará cierta actividad u obligación de un proyecto. El presupuesto hecho por el gobierno de Puerto Rico fué entregado con una muy notable contradicción. El gobernador hace poco ofreció un mensaje público donde dijo que la deuda es impagable, pero sin embargo el presupuesto que entregaron dice lo contrario. ¿Qué tiene que ver el presupuesto con la deuda? ¿A dónde me quieres llevar? Sencillo, cuando presentas una quiebra tienes que demostrar que tus obligaciones son mayores que las exisgencias establecidad o negociadas en el prestamo. Me explico, los prestamos son a 20, 30 o 35 años, todo va a depender de como se haya negociado. El gobierno no paga mensual, sino que trimestral, semestral o anual y cada deuda tiene un pago establecido. Por brindarles un ejemplo más simple, el presupuesto de Puerto Rico dice: “tenemos $100 y mis obligaciones son $20”. ¿Qué le estas diciendo con esto a los bonista? Que de tu dinero solo esta comprometido en un 20% y que el otro 80% puedes utilizarlo para el pago. Imaginen que es la renta de su casa, no tienes dinero ahora mismo, pero para el día del pago estas seguro que conseguirás el dinero y lo podrás hacer, algo parecido a estos ejemplos, no se si a propósito o que los asesores y personas encargadas del presupuesto no estan bien preparadas, se estableció en ese presupuesto. ¿Creen que los bonitas dejaran que esa petición de quiebra sea aceptada teniendo pruebas de que si se puede pagar? Lo dudo mucho.

Por otra parte haciendo un análisis más a fondo, hay que tener en cuenta que si el Congreso da pié a la quiebra entonces estarán tratando a Puerto Rico como un país extranjero, o sea como un país soberano. Esta pudiera ser una de las razones de su inacción. Ejemplo: sucedería como en el caso de la renuncia de Mari Bras a la ciudadanía norteamericana. Aceptarla dió pie a que el Depto. de Estado de Estados Unidos tuviera que “regresar” al solicitante (Mari Bras) a su país, nación de origen, o sea, Puerto Rico. Éste caso creó una gran controversia con el gobierno federal ya que éstos no reconocen la ciudadanía puertorriqueña. La ley Foraker creó legalmente (para el marco jurídico estadounidense) la ciudadanía puertorriqueña. En la Ley Jones quisieron enmendar el error pero no abolieron la ciudadanía puertorriqueña. Unos 200 puertorriqueños en 1917 firmaron la petición (creada por la Ley Jones) para renunciar a la ciudadanía estadounidense y seguir siendo ciudadanos puertorriqueños. Había un periódo de 2 años para renunciar a la auto-impuesta ciudadanía estadounidense.  Esos 200 boricuas, ciudadanos puertorriqueños, ya murieron. Ese era el plantamiento legal de Juan Mari Brás que, como esos 200 boricuas, él tenía derecho a renunciar a la ciudadanía estadounidense y mantener la ciudadanía puertorriqueña creada por la Ley Foraker. Por eso el gobierno del ELA, amparado en la Ley Foraker expidió formularios legales de Ciudadanía Puertorriqueña. Unos 900 puertorriqueños sacaron sus certificados de ciudadano puertorriqueño. La idea era pedir al Departamento de Estado que emitiera un pasaporte puertorriqueño, pero los gobernantes del ELA, hasta el momento, no lo han exigido.
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Pedro Albizu Campos habla sobre la Ley 600

Sobre la Ley 600 habla “El Jurista armado”, DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS

Sobre el referéndum Albizu expresó en su discurso:

“Ellos están buscando una base legalizada para decirle al mundo, frente a la acusación del Partido Nacionalista que en 52 años nosotros ya no somos puertorriqueños, somos ciudadanos yanquis y que nosotros nos allanamos a la imposición de los Estados Unidos y que renunciamos a nuestro derecho de ser puertorriqueños. La llamada Ley para que Puerto Rico redacte una constitución empieza por una enmienda a la presente Ley de Estados Unidos por la cual se pretende gobernar a Puerto Rico. La Ley Jones que se llama. Esa ley ha sido enmendada por la presente ley por la cual se autoriza a que se someta a elecciones a electores de Puerto Rico para redactar una constitución en la que se diga que son yanquis.

La Ley Jones sigue intacta en cuanto a la jurisdicción en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una sola jurisdicción primaria, por la fuerza, que es el gobierno de los Estados Unidos. Ese gobierno de Estados Unidos, ha organizado a los fines de engañar, una corporación que se llama El Pueblo de Puerto Rico. Pues nuestra Legislatura ahora tiene un Gobernador Electivo que firma las leyes. El no se atreve a hacer nada sin consultar a Washington, sabe que todo lo que él hace es de títere del Gobierno de Estados Unidos. Ahora firma esa Ley, esa Ley puede ser anulada por el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué constitución va a haber en este país? Habrían dos constituciones; el Acta Jones y la llamada constitución”.

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Fuente: Rosado, Marisa (2006). Pedro Albizu Campos. Las llamas de la aurora.

Nota tomada del portal Historia de Puerto Rico. Información transcrita por el Dr. Guillermo Iranzo Berrocal

La Ley 600 y la mentira del ELA

El 3 de julio de 1950 se anuncia la Ley 600 del Congreso, de los Estados Unidos, ley que daría vida a la llamada Constitución de Puerto Rico y al Estado Libre Asociado. Según sus propias disposiciones, la ley fue sometida a los electores capacitados de Puerto Rico para su aceptación o rechazo. Si la rechazaba las cosas seguirían como hasta entonces; si la aceptaban, seguiría prácticamente igual pues la aprobación de esa medidas no alteraría las relaciones políticas, económicas y sociales entre Puerto Rico y Estados Unidos.

El referéndum se celebró el 3 de junio de 1951. La población electoral ascendía a 1,150,000. Votaron 505,753 electores; 386,812 a favor y en contra118,941. Se abstuvieron de votar 644,247 el 56% de la población electoral. La población de Puerto Rico era de 2,300,000. Por tanto solo el 34% votó a favor y 66% se abstuvo o votó en contra. Todos los partidos políticos, excepto el PIP, eligieron delegados a una “Asamblea Constituyente”, 70 del PPD, 15 del PER, 7 del Partido Socialista de 92 que era el total. El 21 de agosto de 1951 se realizo las elecciones para los miembros de la “Convención Constituyente”. Votaron 431,828. Se abstuvieron 718,172 el 62.5% de la población electoral. El 6 de febrero de 1952 la “Asamblea Constituyente” aprobó la Constitución para Puerto Rico. El 3 de marzo se le sometió a referéndum final. Votaron en esta ocasión 456,471 el 39% de los electores. A favor de la Constitución votaron 373,594 el 32%. El Congreso de Estados Unidos la aprobó el 1 de junio de 1952 y el Presidente Truman la firmó dos días después. Entro en vigor el 25 de julio de 1952, cincuenta y cuatro años después de la invasión militar yanqui.

Hasta la implementación de esta supuesta constitución, Estados Unidos se rigió en Puerto Rico por la Ley Jones desde su promulgación en 1917. El Art. 1 de esta ley dice: “Las disposiciones de esta ley se aplicara a la isla de Puerto Rico”. El status de Puerto Rico quedó definitivamente establecido por el tribunal Supremo de estados Unidos el 10 de abril de 1922, cuando resolvió en el caso Balzac vs Puerto Rico (258 U.S. 298) que “Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos.” Por su parte la Ley 600 en su Art. 4 dice: “excepto en lo dispuesto en el Art. 5 de esta ley en el estatuto titulado ´Ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico y para otros fines´ aprobada el 2 de marzo de 1917, según ha sido enmendado, por la presente continúa en su fuerza y vigor, y podrá en adelante citarse como la ‘Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico’. El Art. 5 de la Ley 600 enumera las disposiciones de la Ley Jones que se consideran derogados.

Por lo tanto, no resulta difícil concluir que la Ley 600 tenía la finalidad de enmendar la ley aprobada el 2 de marzo de 1917, la Ley Jones. Dejaba vigente su Art. 1 donde se califica a Puerto Rico como posesión de Estados Unidos. Cuando la Ley 600 fue sometida a referéndum , cuando se eligieron a los miembros de la llamada “Constituyente”, y se redacto el documento final enviado al Presidente estadounidense para su firma, miles de puertorriqueños estaban en las cárceles luego que las libertades fueron suprimidas por la Ley de la Mordaza.
El Congreso de Estados Unidos sabía que podía modificar, sustituir o anular la llamada constitución del ELA sin que el pueblo de Puerto Rico pudiera evitarlo. De esto se deduce que la constitución del ELA fue solo para confundir la opinión internacional en un momento de Liberación de los pueblos coloniales porque quedo insertada en el manifiesto del poder estadounidense a través de marcos estrictamente pre-fijado como fue la Ley 600, la parte vigente de la Ley Jones, las demás leyes de Estados Unidos vigentes en Puerto Rico, y la propia Constitución norteamericana.

La tal Asamblea Constituyente no tuvo verdaderamente una verdadera autoridad de constituyente. El Congreso norteamericano enmendó la sección 5 y suprimió la sección 20 del Art. 11 del texto redactado por la Convención Constituyente, secciones de relevancia pues contemplaba el reconocimiento de derechos humanos. ¿Quién hizo realmente esta Constitución del ELA? El Congreso de Estados Unidos. La situación colonial de Puerto Rico no varió en esencia. La Ley 600 envolvió una maniobra legalista fraudulenta, resulto la constitución impuesta por el propio sistema colonial sin más derecho o libertades que las dada por la Ley Jones y el Congreso de Estados Unidos.

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Fuente: fragmento del articulo de Rosa Meneses Albizu publicado en el Boletín Nacional – octubre 2004