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​¿Necesitaría Puerto Rico un ejército propio sin la presencia militar norteamericana?

La Independencia es para establecer y mantener excelentes relaciones pacíficas de amistad y cooperación con todos los países del mundo. Por tanto, la institución militar no tendrá función alguna en una República de Puerto Rico que aspira a la eventual desmilitarización total del país. El ejemplo de Costa Rica, donde desde hace décadas se abolieron las fuerzas armadas, es elocuente precedente de cómo puede funcionar en plena democracia un país desmilitarizado. Para lograr este objetivo de desmilitarización, primero será necesario desmantelar el aparato militar norteamericano que existe en la actualidad, tal como ocurrió en Culebra, Vieques y Ceiba. Afortunadamente, debido al fin de la Guerra Fría, la importancia estratégico-militar de Puerto Rico se ha reducido marcadamente. A eso responde que toda la legislación plebiscitaria que consideró el Congreso de Estados Unidos en los últimos años contemplaba la posibilidad de negociar la eventual desmilitarización del país en la independencia. El objetivo será, naturalmente, el desmantelamiento de las bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico.  Esto representaría la devolución de todo nuestro territorio nacional que actualmente ocupan las instalaciones militares de Estados Unidos, y que constituyen un importante recurso natural  que en la actualidad no podemos explotar para fines agrícolas, industriales, comerciales o turísticos de forma total y satisfactoria.

En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ninguna isla del Caribe ha sido invadida por una nación extranjera que no sean los Estados Unidos. Partiendo de que existirá un Tratado de Amistad y Cooperación entre Puerto Rico y Estados Unidos, no podemos esperar de dicho país un acto de agresión dentro del marco de las nuevas relaciones de igualdad y respeto entre los países. En el improbable caso de que ocurriere una agresión de algún país a un Puerto Rico independiente, la defensa de nuestro suelo corresponderá a los 3.5 millones de Puertorriqueños que viven en el archipiélago. En esa eventualidad contaríamos con el auxilio del Sistema Interamericano de defensa.  Puerto Rico ingresaría tan pronto fuese posible después de proclamada la Independencia a la Organización de Estados Americanos. Al ingresar al Sistema Interamericano, nos cobijaría el Tratado de Río de Janeiro, conforme al cual todas las naciones del Hemisferio, se han comprometido a auxiliar a cualquiera de sus miembros que sea víctima de una agresión internacional. El Tratado de Río de Janeiro también es conocido como El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

DECLARACIONES DE LA CANDIDATA A LA GOBERNACIÓN POR EL PARTIDO INDEPENDENTISTA, MARIA DE SANTIAGO, SOBRE VISTAS DEL CONGRESO PROYECTO JUNTA FISCAL

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“El proyecto del Congreso 4900 radicado ayer para imponer una Junta de Control Fiscal federal en Puerto Rico le otorga a la Junta poderes omnímodos e ignora el problema colonial, principal causante de la crisis fiscal y económica que atraviesa el País. Pasamos, de la colonia quebrada, a la dictadura colonial. La medida apenas tiene diferencias superficiales con respecto a los borradores que ya habíamos visto y refleja la manifestación de los poderes que tiene el Congreso de los EE.UU. sobre el ELA.

Ante esa vergonzosa realidad, la respuesta del liderato del PNP y del Partido Popular, tanto Bernier como el Gobernador, ha sido allanarse dócilmente en una patética comparsa colaboracionista. Está ocurriendo lo que anticipé que ocurriría cuando la convocatoria del Gobernador para un frente común: lo que se buscaba era generar una proyección artificial de consenso para terminar arrodillados ante la Junta de Control.

He dicho anteriormente, y me reitero, en que la única salida existente que nos puede encaminar a la recuperación nacional es la Independencia y forzar a EE.UU. a que encamine un proceso de descolonización mediante el impago frontal de la deuda pública. Si eso no ocurre el país está condenado a seguir sufriendo los males que acarrea el colonialismo”.

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[Borrador] Junta de control fiscal: “la dictadura entra por el patio”.

El borrador del “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (Junta de Control Fiscal), establece que la junta en su poder puede hacer lo siguiente:

1. Permite bajar el salario mínimo.

2. Tiene el poder de detener las demandas contra el Gobierno de Puerto Rico en lo que la junta audita las finanzas del gobierno.

3. Coloca la deuda por encima de los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico.

4. Los ajustes y cambios al presupuesto quedan exclusivamente en manos de la junta y pueden modificarse tras consulta con el Congreso.

5. Nombra a una persona que se hará cargo de los permisos.

6. Tiene el poder de suspender o enmendar leyes ambientales para agilizar el proceso de proyectos.

7. Le permite eliminar leyes para hacer proyectos de infraestructura más rápidos.

8. Conllevará multa y cárcel sino le hacen caso a la junta.

9. Permite quitar beneficios de retiro a los/las viejitos/as.

10. Tiene el poder de emitir bonos o contratos de emisión de préstamos en nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

11. Es una junta impuesta dentro del Gobierno de Puerto Rico, donde sus miembros no son escogidos por el pueblo sino que designados por el Congreso o el Presidente de los Estados Unidos.

12. Establece que el Secretario de hacienda y el gobernador de Puerto Rico deberán ser miembros de la junta de control fiscal sin derecho al voto. (o sea que los funcionarios electos por el pueblo estarán de adorno)

13. La junta estará compuesta por cinco miembros. De los cinco miembros: 1 miembro será nombrado por un plazo de 1 año, 2 por un plazo de 2 años y los otros 2 miembros por un plazo de 3 años.

14. La junta tendrá dominio eminente en cualquier toma de decisiones referente a Puerto Rico, por encima de las leyes y la Constitución.

15. Prohíbe a los empleados públicos a participar en cualquier tipo de huelga o cierre patronal.

16. Ni el gobernador ni la legislatura puede ejercer ningún tipo de control, supervisión, fiscalización, o revisar las decisiones tomadas por la junta.

17. Estados Unidos no se hace responsable por el pago de cualquier capital o interés de cualquier bono, pagaré u otra obligación emitida por la junta.

La Junta de Control de Fiscal tendrá poder absoluto sobre todas las decisiones tomadas en Puerto Rico sin la debida aprobación de la junta en proceso democrático donde participe el pueblo. Prácticamente es una dictadura legal. Esto es un retroceso hacia el siglo 18 en el transcurso histórico de Puerto Rico. En la Sec. 303. (p. 75) deja claro la manera en que ven a Puerto Rico en virtud de un territorio.

Lo triste de todo este caso es que el pueblo de Puerto Rico, en su inmensa mayoría, favorece la junta de control fiscal. Las encuestas no oficiales revelan que un 85% de las personas están a favor. Estos números son preocupantes, por la emigración a corto plazo que la implantación de dicha junta puede crear. Los efectos demográficos de una baja población son irreparables.

Como si no fuera menos la ley se llama “Promesa”. Es un poco irrisorio que se vaya a colocar a 3 millos 500 mil personas en jaque y la ley se llame “Promesa”. Estados Unidos desde 1952 evadió el tema del estatus político de Puerto Rico para hoy día imponer una junta de control fiscal y fortalecer el estatus quo en Puerto Rico.

PULSA AQUI PARA LEER ANTEPROYECTO COMPLETO: https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2016/03/PR-Executive-Summary-and-Discussion-Draft.pdf

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