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60 ladrones y convictos del PARTIDO POPULAR

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1. Anaudi Hernández Pérez – Recaudador del PPD. Arrestado por corrupción por contratos con el gobierno del PPD.

2. Sonia Barreto – Directora de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados bajo el PPD. Arrestada por corrupcion en la AAA.

3. Ivonne Falcón – Ex vicepresidenta de la AAA bajo el PPD. Arrestada por corrupcion en la AAA.

4. Mariely Falcón – Recaudadora del PPD y hermana de Ivonne Falcon. Arrestada por  corrupcion por contratos en la AAA.

5. Víctor Burgos – Ex empleado de la Cámara de Representantes del PPD  nombrado por Jaime Perelló. Arrestado por corrupción.

6. Sally López – Directora de ayuda al ciudadano de Añadí Padilla y Bernier. Miembro del PPD. Arrestada por corrupción.

7. Glenn Rivera – Miembro del PPD. Arrestado por corrupción.

8. Carlos Luna – Miembro del PPD. Arrestado por corrupción.

9. Xavier González – Administrador de la Cámara de Representantes del PPD nombrado por Jaime Perelló. Arrestado por corrupción.

10. Alexis Muñiz. – Candidato de Pierluisi para alcalde de Moca al servicio del PPD. Arrestado por corrupción.

11. Mariano Ríos – Ex Senador PPD. Convicto por corrupción y fraude  a Career Idex y empleados fantasmas.

12. Joaquín Peña – Ex Senador PPD – Convicto por corrupción y empleados fantasmas.

13. Miguel Deynes Soto – Ex Senador PPD. Convicto por corrupción.

14. Juan Rivera Ortiz – Ex Senador. Convicto por corrupción y empleados fantasmas.

15. Elsie Calderón – Ex Senadora. Convicta por corrupción.

16. Américo Martínez – Ex Senador. Convicto por corrupción y apropiación ilegal agravada.

17. Edgardo Rosario Burgos – Ex Senador. Convicto por Escándalo del SIDA.

18. Fernando Tonos – Ex Representante. Convicto por malversación de fondos.

19. José R. Varela – Ex Representante. Convicto por corrupción, acusado de apropiación ilegal y mal uso de fondos públicos.

20. William Cintrón Antonsanti – Ex Alcalde de Yauco. Convicto por corrupción.

21. Fidel Santiago – Ex Alcalde de Santa Isabel. Convicto por corrupción.

22. Alfredo González – Ex Alcalde de Aguadilla. Convicto por corrupción.

23. Juan M. Higgins – Ex Alcalde de Humacao. Convicto por corrupción, “por 10 cargos de apropiación ilegal”.

24. Enrique Meliá – Ex Coronel de la Policía. Convicto y preso por corrupción.

25. Carlitos López – Ex Alcalde de Dorado. Convicto por corrupción.

26. Ángel León – Ex Alcalde de Juana Díaz. Convicto por corrupción.

27. Juan Insern – Contable del PPD. Cumple condena por Narcotráfico.

28. José del Valle – Ex Representante. Convicto por corrupción y por aprovechamiento del cargo.

29.Juan Manuel Cruzado – Ex Alcalde PPD suspendido de Vega Alta. Convicto a nivel Federal por acusaciones y señalamientos de corrupción.

30. Maribel Rodríguez – Ex Senadora del PPD. Convicta por corrupción

31. Fernando Toledo – Ex Secretario de Agricultura bajo Sila. Convicto Federal por corrupción.

32. Alfredo Mora – Ex Ayudante Guardia Nacional. Convicto.

33. Aurelio Rivera – Ex alcalde Naranjito. Convicto

34. Santos Ortiz – Ex Alcalde Cabo Rojo. Convicto

35. Ángel Figueroa – Ex Alcalde Sabana Grande. Convicto

36. Arsenio Martínez – Ex director corporación azucarera. Convicto.

37. Aníbal Acevedo Vila – Acusado Federal de 29 cargos de corrupción.

38. Luisa Inclán – Ayudante de Aníbal, acusada a nivel Federal por corrupción.

39. Cándido Negrón – Culpable en Caso Aníbal.

40. Sal Avanzato – Culpable en Caso Aníbal.

41. Jorge Velasco – Culpable en Caso Aníbal.

42. Robert Feldman – Culpable Caso Aníbal.

43. Marvin Block – Culpable Caso Aníbal.

44. Ramón Velasco – Culpable Caso Aníbal.

45. Edwin Colón – Culpable Caso Aníbal.
46. Eneidy Coreano – Culpable Caso Aníbal.

47. Miguel Nazario – Culpable Caso Aníbal.

48. Ricardo Colón Padilla – Culpable Caso Aníbal. Primo de Garcia Padilla. Trabaja en el Medicaid, Departamento de Salud, más de 6,000 al mes.

49. José González Freyre. Culpable Caso Aníbal. Tiene contrato de 5 millones en Educación.

50. Edwin Jiménez – Director del Programa de Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicto Federal.

51. Ivette Hernais – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicta Federal.

52. Ana Pantojas – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicta Federal.

53. William Díaz – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicto Federal.

54. Celida Martínez – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicta Federal.

55. Gladys Torres – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicta Federal.

56. José Lebron – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicto Federal.

57. Roselia Rivera – Programa Servicios Integrados a la Comunidad Educación bajo Sila y Aníbal. Convicta Federal.

58. Elvin Camacho – Ex candidato representante oeste. Convicto Federal.

59. Sol Luis Fontanez – Ex alcalde Barceloneta. Convicto Federal.

60. Eduard Rivera – Ex alcalde Río Grande. Convicto Federal.

¿Es la policía de Puerto Rico inimputable?

            El cuerpo de la policía de Puerto Rico no es la peor agencia del mundo, pero tiene un problema que la hace parecer como tal. No hay una organización estructurada ni alguien que rija una política acogida legalmente y aceptada por los ciudadanos. No es desconocido para cualquier ciudadano común de Puerto Rico el abuso policial que hay en casi cualquier intervención efectuada por parte de la policía de Puerto Rico. Muchos de los integrantes de esta agencia gubernamental no están bien adiestrados y no están comprometidos con la misión que juraron defender, y esto hace que no sigan el protocolo que deben seguir. Un tema muy importante que no podemos pasar por alto es el pago y trato que le dan a estos policías y las cuestiones político partidistas que hay dentro de la agencia; aunque no lo veamos esto es algo que se refleja mucho en el compromiso que tienen estos agentes. No podemos generalizar pero la realidad es que por un grupo que quizás sus acciones son repetitivas se vea afectado todo el cuerpo de la policía.

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            Cuando vemos la gran cantidad de oficiales que están a disposición de la agencia y la poca efectividad en el esclarecimiento de los casos, nos hacemos muchas preguntas. Para lograr una buena efectividad, la agencia debe tener agentes bien preparados y entrenados para que no vayan a improvisar en las situaciones, no obstante estos deben tener los recursos necesarios para poder emplear sus conocimientos. Sin embargo el problema real que podemos plantear  tiene que ver más con el sentido común del policía, cada policía debe tener un claro conocimiento de lo que está bien y lo que está mal al intervenir con cualquier ciudadano. Toda persona tiene un conocimiento claro de todo aquello que representa una amenaza para su persona; no es posible que los policías hayan tomado la costumbre de decir que todo ciudadano que está en una manifestación sea una amenaza para el cuerpo de la policía. Toda manifestación en el país se ha vuelto un peligro, cuando constitucionalmente se supone que no sea así. Esta situación ha causado que entidades hagan una acusación bien fuerte sobre la policía de Puerto Rico, alegando que se les viola el derecho a la libertad de expresión.

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            El cuerpo de la policía se creó para proteger al ciudadano no para hacerles daño a personas inofensivas (sin restarle que algunas de dichas manifestaciones se salen en ocasiones de control a causa de los manifestantes). La policía debe tener un control y unos estándares de manejo en cuanto a estas situaciones, ya que la policía en estos casos está jugando el papel de criminales y están pasando desapercibidos ante la justicia. Las cifras de quejas son estremecedoras y más aun cuando se sabe de antemano que no son cifras reales, ya que muchos de los ciudadanos no denuncian estos casos de brutalidad policiaca por miedo a las represalias y alegando que sus quejas nunca serán ejecutadas ni investigadas como se debe. ¿Sera esto una estrategia para erradicar sigilosamente las manifestaciones? ¿Cómo podemos lidiar con esta situación? Toda persona en el país ante la ley debe ser igual, pero esto no es lo que está sucediendo con los oficiales de la policía de Puerto Rico. Las acciones cometidas por ellos no están siendo sancionadas, y por consiguiente están quedando a la deriva todo acto legal en contra de ellos mismos. Debemos tomar en cuenta que esta situación también sucede porque los policías tienden a taparse entre ellos pero esto no es excusa para las acciones administrativas que deben ser tomadas. No es que persigan a los policías, sino que reglamenten sus acciones y hagan las investigaciones pertinentes para lidiar con la problemática. En un país donde existe tanto policía debe tomarse en cuenta que todos deben estar estrictamente calificados para ejercer este trabajo.

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            La capacitación no puede ni debería ser opcional sino que obligatoria para cada uno de ellos, no es tan solo un simple entrenamiento como sucede en la actualidad sino que un riguroso proceso de exámenes psicológicos. Hemos visto como los policías cometen actos y vuelven a reincidir sin ser penalizados y la sociedad solo se entera por la prensa. La problemática es que la mayoría de las investigaciones son administrativas; en vez de tener un estándar de cuando debe ser criminal un acto efectuado por la policía. Se han convertido en una bomba de tiempo para la sociedad porque ni siquiera respetan la constitución; se podría decir que esto está a un paso de un gobierno policiaco donde no se conocen los derechos de los ciudadanos. Tiene el raro aspecto de una acusación muy fuerte y seria, pero que se puede pensar del cuerpo policiaco de un país que solo carpetea al ciudadano y no resuelve los casos acusatorios en contra de sus compañeros. Observando de cerca una situación común en el país, podemos ver que en las intervenciones de los policías en los casos de violencia domestica son bien rigurosos por el abuso que hubo contra una mujer, pero por otra parte vemos como policías cometen el mismo delito de violencia domestica y los casos se quedan impune ya que quienes los tienen que investigar son sus compañeros los cuales se cohíben. Los policías deben ser adiestrados, orientados, cualificados y más aun investigados como cualquier otro ciudadano cuando el caso tome un nivel de interés social muy alto. La sociedad debe unirse y colocarse en un espacio donde sean escuchados porque los derechos constitucionales es lo más importante que tiene una persona y no puede tener miedo de hacerlos valer.

            La corrupción juega un papel muy esencial en toda esta situación antes comentada. Vemos como los policías se hacen de la vista largas y cometen estos actos y vemos como otros por miedo a sus superiores siguen instrucciones que demuestran ilicitud a sabiendas. No es nueva noticia decir la ocultación de información de las cifras de estos casos por la policía; y lo más triste que la sociedad sabe de ante mano que esto sucede para proteger los puestos políticos que hay. Se entiende el papel que juegan los agentes en el país y el trabajo arduo que tienen que desempeñar, pero no se puede entender el que no tenga compromiso y viole el juramento que algún día dijo seguir al pie de la letra. Mientras la sociedad no se manifieste sin temor los policías de Puerto Rico seguirán inimputables y nadie administrativamente surgirá para hacer algo realmente efectivo que resuelva el problema.

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