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Alejandro García Padilla confronta a los Estados Unidos en las Naciones Unidas

Alejandro García Padilla (el actual gobernador de Puerto Rico) le envió una carta al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon. En la misma le exige que Estados Unidos tiene que explicar su nueva posición sobre Puerto Rico ya que desde 1952 EE.UU decía que había un nuevo estatus fuera de un marco colonial. El conflicto radica en qhe hace unos días Estados Unidos le dijo a la Corte Suprema federal, en el caso de Pueblo vs. Sánchez,  que en 1952 no cambió nada el status de Puerto Rico y que Puerto Rico sigue siendo una colonia clásica lo cual es ilegal para los derechos internacionales y para los mismod derechos estadounidenses. Entonces: ¿Estados Unidos le mintió a la ONU en 1952? ¿Engañó Estados Unidos a los puertorriqueños y para qué?

Documento oficial:

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El Gobierno de EE.UU acaba de decirle al Tribunal Supremo federal que Puerto Rico es una colonia clásica

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El Gobierno de Estados Unidos (presidido por el presidente Obama) acaba de decirle al Tribunal Supremo federal que Puerto Rico es una colonia clásica, sin jurisdicción propia, hoy 24 de diciembre de 2015. El Departamento de Justicia federal, en el caso de Pueblo vs. Sánchez, dice en su alegato que el Tribunal Supremo de Puerto Rico actuó correctamente cuando afirmò que Puerto Rico no puede procesar en sus cortes a alguien luego de haber sido procesado por las cortes federales. El Supremo Federal (a nuestro entender) prácticamente está eliminando el estatus del Estado Libre Asociado, y reconociendo judicialmente que el estatus de Puerto Rico es colonial, lo que es ilegal según el derecho internacional e inclusive, dentro del derecho en EE.UU. Esta decisión obliga al Congreso a tomar una decisión sobre el estatus político de Puerto Rico, dándole solo dos opciones, hacerlo Estado de la Unión o darle la Independencia.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió, éste año, resolver dos casos sobre la naturaleza del estatus de Puerto Rico. El Supremo Federal solamente atiende el 1% de todos los casos que se le presentan, por tal razón ésta acción de atender dos casos, en el mismo años, y más si provienen de Puerto Rico es una sorpresa, y raya en la fantasía.

Uno de esos casos es Pueblo vs Sanchez Valle (ver anejo A), donde un sentenciado criminalmente en la esfera federal, argumentó que Puerto Rico no tiene ningún grado de soberanía, ya que Puerto Rico pertenece a la misma jurisdicción federal quien ya lo condenó anteriormente y que una acusación local violaría la protección constitucional a la doble exposición. Estos casos son aquellos que tienen una doble exposición, o sea, que el imputado al cometer el acto delictivo violó las dos jurisdicciones. Un ejemplo de esto es el narcotráfico o casos en los cuales el delito se cometió en Puerto Rico, pero el gobierno federal tiene ingerencia. El otro caso es el de la Quiebra del ELA (ver anejo B) , donde empresas que representan bonistas demandaron a Puerto Rico por aprobarse la Ley de Quiebra Estatal. Ambos casos están ligados a la naturaleza y alcance de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos.

P.D.: (opinión) Puerto Rico se encuentra en uno de los momentos más importantes en su historia y el Tribunal Supremo de los EE.UU tiene en sus manos el futuro de Puerto Rico. Esto significa que el estatus de Puerto Rico va cambiar debido a la proxima decision Supremo Federal, quien va a obligar al Congreso a definir si Puerto Rico va a ser Estado o un país independiente.

ANEJO A:

Pueblo vs Sanches Valle, 2015 TSPR 25

El señor Sanchez Valle fue declarado culpable en el Tribunal Federal por vender vender sin licencia armas de fuego, vender municiones sin licencia y portar ilegalmente un arma de fuego. Por esos mismos hecho fue acusado en el Tribunal de Carolina. Fue en ese momento donde los abogados del acusado argumentaron que debia desestimarse los cargos criminales, debido a que Puerto Rico no es una país soberano y, además,  una acusación local violaría la protección constitucional a la doble exposición. El Estado alegó que conforme al caso Pueblo v. Castro García, 120 DPR740 (1988), Puerto Rico derivaba su autoridad de una fuente distinta y podía acusar por los mismos delitos sin ofender la protección constitucional a la doble exposición (“double jeopardy”). No obstante, con todos y los alegatos del Estado, todos los cargos a nivel de Tribunal de Primera Instancia fueron desestimados, en el Ttibunal Apelativo de igual manera hasta llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien confirmó la decisión. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó revisar esa decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se estableció que no se puede procesar estatalmente por los mismos delitos a convictos federales por entender que sería una doble exposición. Eso significa que no puede ser procesarlo dos veces por los mismos delitos. La doctrina de radicar cargos en la Federal y tambien en la Estatal había sido legal en Puerto Rico desde el caso Pueblo vs Castro García 120 DPR 740 (1988). Sin embargo, el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Sanchez Valle, se revocó a sí mismo. Según el nuevo argumento del Supremo de Puerto Rico, la Isla con el estatus actual no tiene soberanía distinta a la de los Estados Unidos, por lo que el sistema de justicia queda impedido de radicar cargos por los mismos hechos por los que ya la jurisdicción federal hubiera acusado.

ANEJO B:

Caso de Quiebra

El 6 de julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó la decisión del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que declaró inconstitucional la Ley Núm. 71 de 28 de junio de 2014, mejor conocida como la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (“quiebra criolla”). El pasado 6 de febrero de 2015, el Tribunal de Distrito emitió una opinión declarando la quiebra criolla inconstitucional debido a que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. La quiebra criolla permite la negociación de la deuda y un proceso de reestructuración similar al proceso bajo una petición en virtud de las disposiciones del Capítulo 9 del Código de Quiebra de Estados Unidos. Este caso desde diciembre de 2015 está ante el Supremo Federal, quien deberá decidir si declara inconstitucional la ley federal que excluye a Puerto Rico del Capítulo 9 de Quiebra Federal, invalidando así la Ley de Quiebra Criolla. Por el contrario, podría validar la Quiebra Criolla, lo que le daría vida al ELA y permitiría un proceso interno de reestructuración. Este caso tambien va a resolver sobre la naturaleza del estatus de Puerto Rico, si tiene algún grado de soberanía el ELA o no.

Fuente:

Portal micro juris

Portal Sabía usted que?

Plan de ajuste Fiscal propuesto por el “gobierno”

Cada uno de los siguientes puntos servirá de base para la renegociación de gran parte de la deuda pública de Puerto Rico cosa que esta por verse porque en el día de ayer, 10 de septiembre de 2015, aunque Krueger había endosado dicho informe el crédito de Puerto Rico fue degradado nuevamente. A continuación estan enumerados los puntos más importantes sin contar las inversiones que se harán en la AEE que son más de 2, 000 millones en infraestructuras, en infraestructuras para mejorar algunos muelles del puerto de San Juan (3,300 millones), en nuevos sistemas para finanzas, contabilidad nomina aproximadamente 65 millones y en el Departamento de Hacienda.

Plan de Ajuste Fiscal propuesto por el gobierno:

IVA – Expandir en octubre de 2015 el impuesto sobre las ventas y uso (IVU) a las transacciones entre negocios. Estas transacciones estarán sujetas a un tributo de 4%. Completar en abril de 2016 el establecimiento del impuesto al valor añadido (IVA) que ya fue legislado y que implica un tributo de un 11.5% en cada transacción, incluyendo las que se dan entre negocios. Se espera que este sistema añada sobre $1,000 millones al erario. Aplica a la empresa privada y pública.

● Se congelará el salario mínimo para los trabajadores menores de 25 años osea los empleados de 25 años de edad ó menos, el patrono no estará en la obligación de pagarle más del mínimo federal. Aplica para la empresa privada y pública

●Extender el periodo  probatorio de un empleado a un año (actualmente son 90 días). La compensación por tiempo extra(overtime) se basará en el exceso de 40 horas semanales y no al exceso de 8 horas al día. La productividad de un empleado será elemento a considerar en las reducciones de personal. Aplica a la empresa privada y pública.

● Extender hasta el 2022 la Ley 66 que congela nuevas contrataciones, las asignaciones presupuestarias por fórmulas, los costos de servicios, los incrementos salariales y los convenios colectivos. Reducir los costos de nómina implementando una meta de reducción de plazas de 2% anual. Para alcanzar esto la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede abrir ventanas de retiro temprano, entre otras iniciativas.

●Articulo de “Justa Causa, ley 80”, eliminado, por lo tanto, a raíz de una separación de empleo, el patrono no tendrá que pagarte mesada. Aplica para la empresa privada solamente.

●Un tope a la licencias por vacaciones, un máximo de 15 dias al año. (Mucha gente piensa que solamente los empleados públicos gozan de más de 15 dias de vacaciones al año y es falso, muchas compañías en la empresa privada dan hasta 30 días al año). Aplica para empresa privada y pública.

●La penalidad que tiene que asumir el patrono por no permitirle al empleado descansar mínimo 12 horas, será eliminada. (Overlaping). Aplica para la empresa privada y pública.

●Cero bono de Navidad. Aplica para la empresa privada y pública.

●Cero rembolso de días acumulados de enfermedad, no utilizados. Aplica para la empresa privada y pública.

●Pedir una prórroga al gobierno federal sobre el salario mínimo, por 10 años, en la cual de el gobierno de E.E.U.U. aumentar el salario mínimo, dejar a discreción de la legislatura local el aumentarlo. Aplica para la empresa privada y publica.

●La antigüedad, mejor conocido como “Seniority” no será un elemento primordial a la hora de un “LayOff” y otros asuntos.

● Consolidar las escuelas públicas sobre la base de parámetros como la matrícula, la utilización del plantel y su ubicación para mejorar la cantidad de alumnos por maestro. Reducir la nómina del Departamento de Educación en un 2%. Considerar la posibilidad de vender activos, incluyendo bienes raíces, para financiar las ventanas de jubilación para los docentes y capitalizar grave déficit de financiación del Sistema de Retiro para Maestros.

● Se legislará para crear una Junta de Control Fiscal. Se busca que esta entidad opere como una dependencia independiente y fuera del control partidista y supervise la implantación del plan que se acuerde. La continuidad de los trabajos de esta Junta estarán cifrados en unas cláusulas en los acuerdos con los bonistas que sirvan como tranquilla para futuras administraciones que contemplen derogar la Junta o dejarla inoperante.

“Este plan lo van a criticar. Van a decir que no es suficiente. Van a decir que debimos aumentar contribuciones, votar gente pero lo que buscamos es mejorar la economía”, señaló Melba Acosta. Claro que si Sra. Melva y, ¿sabe por qué? Esto no solamente representa un retroceso en derechos laborales sino que fomenta la explotación. La educación y la salud del país se verán afectadas, no obstante de esto suceder habrá un éxodo masivo que pondrá al país en peores condiciones.

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