Ley de Cabotaje: una carga pesada

Existen diversos estudios sobre las leyes de cabotaje y la forma en la que nos afectan. En síntesis las leyes de cabotaje son leyes que hacen que los productos cuesten un montón más a los consumidores de Puerto Rico. Un televisor que en Estados Unidos cuesta 300 aquí cuesta 375 porque para traerlo a Puerto Rico hay que pagarle a un barco para que lo traiga, ese barco es sumamente caro porque al venir de Estados Unidos tiene que cumplir con ciertas leyes y ciertos contratos con sus uniones obreras y demás que hace que sea muy caro traer en barcos de Estados Unidos productos a P.R. Si los traemos con barcos de otros lugares podría costar 320 por ejemplo, pero la ley aprobada en Estados Unidos obliga a q sea en sus barcos. Eso es la ley de cabotaje.

El consumidor puertorriqueño ha comenzado el siglo XXI abatido por aumentos en el costo de vida: las alzas en las tarifas de electricidad y agua, el alza en los precios de la gasolina, los aumentos en las tarifas de peajes y el pasaje en los autobuses, un posible impuesto regresivo al consumidor, el aumento en los sellos de correo, etc. Estos aumentos responden a circunstancias internacionales (el alza en el petróleo), a la pobre administración pública hecha en años recientes por los partidos políticos y al estatus político imperante desde 1898.

Uno de los efectos más desastrosos que ha tenido el status político sobre el consumidor puertorriqueño, lo es el alto costo de la transportación marítima. En un estudio realizado para la Cámara de Representantes, el doctor en Economía José Antonio Herrero estima que Puerto Rico está pagando cerca de $500 millones anuales de sobrecargo por la transportación de mercadería entre Puerto Rico y los Estados Unidos (basado en precios constantes del 2000). Debido a que Puerto Rico es una isla, toda la mercancía entra y sale del país por la vía marítima.

Las leyes de cabotaje de los Estados Unidos limitan el tráfico de barcos entre puntos de esta nación, incluyendo sus territorios y posesiones, a barcos construidos y registrados en los Estados Unidos. Esta legislación es aplicada a Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso aprobó la primera ley orgánica (Ley Foraker) y dispuso que el cabotaje entre Puerto Rico y Estados Unidos sería “regulado de conformidad con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo entre cualesquiera dos grandes distritos costeros de los Estados Unidos”. Al aprobarse la segunda ley orgánica (Ley Jones) en 1917, las leyes de cabotaje continuaron en efecto y su vigor prevalece hasta el presente.

Las leyes de cabotaje nos obligan a utilizar exclusivamente la marina mercante norteamericana, la cual es la más cara e ineficiente del mundo (hace muchos años que no construye un solo barco, se dice que este año 2015 llegarán unos barcos nuevos). Esta imposición es una aberración en la época actual, cuando predomina el libre comercio y la globalización.

Los consumidores puertorriqueños estamos pagando innecesariamente más caro por los productos adquiridos en Puerto Rico. Se estima que si las leyes de cabotaje no nos aplicaran, los costos de transportación de las mercancías y materias primas que importamos bajarían hasta un 40%. Además, representaría una reducción de cerca de $150 millones anuales en los costos de transportación de nuestras exportaciones, lo cual mejoraría la posición competitiva de nuestros productos en el comercio internacional. Los resultados tendrían un efecto multiplicador en la economía de Puerto Rico.

En el 1931, la Brookings Institution, en su estudio titulado “Porto Rico and its Problems”, señaló: “American coastwise shipping laws are a handicap to Porto Rican trade… It increases the cost of Porto Rican goods… requirement that American ships shall be used tends to offset somewhat the advantage which the tariff gives to Porto Rico in selling in American markets… if Porto Rico were free to use foreign shipping whenever it found an advantage in so doing, it is quite probable that it would be able to build up a larger trade with foreign countries than it now has”.

Es irónico el hecho de que Puerto Rico genera una cuarta parte de los ingresos de la obsoleta marina mercante de los Estados Unidos. El consumidor puertorriqueño subsidia la metrópoli. La Brookings Institution dice en su informe de 1931: “it is distinctly unfortunate that so large a share of the cost of carrying out such a policy is placed upon the shoulders of Porto Rican consumers, whose purchasing power is far below the American standard”.

Las leyes de cabotaje no son aplicables por igual en todos los territorios norteamericanos. Por ejemplo, las islas Marianas del Norte y Samoa Americana están eximidas de acatarlas, y en 1936 se eximió a las Islas Vírgenes de lo mismo.

Puerto Rico no tiene que cambiar el estatus político para ser eximido de las leyes de cabotaje. En 1994, el representante del PIP, David Noriega, presentó una resolución para solicitar al Congreso de los Estados Unidos que excluyera a Puerto Rico de la aplicación de estas leyes. La resolución fue presentada en conjunto con los representantes Aníbal Acevedo Vilá (PPD) y Antonio Silva Delgado (PNP), y aprobada por unanimidad entre 1995 y 1996. Posteriormente, el Senado la aprobó por unanimidad también. Es revelador que esta resolución recibiera la aprobación de una legislatura controlada por el PNP, y liderada por Roberto Rexach Benítez y Zaida Hernández en los respectivos cuerpos de Senado y Cámara. Aunque la resolución contó, incluso, con el respaldo de organizaciones de comerciantes y banqueros, desgraciadamente no progresó en el Congreso debido a la oposición que recibió de algunos sindicatos y el Partido Demócrata.

El Megapuerto representa una de las más formidables oportunidades de desarrollo en Puerto Rico. Sin embargo, mientras las leyes de cabotaje tengan aplicación en Puerto Rico, su desarrollo estará dramáticamente limitado, así como imposibilitado de competir con otros megapuertos que pueden maximizar las oportunidades que les brinda el libre comercio. El Megapuerto puede muy bien terminar natimuerto debido a la aplicación de estas leyes.

La situación se complica en la medida en que el NAFTA (North American Free Trade Agreement) se extiende al CAFTA (Central American Free Trade Agreement). Los países latinoamericanos tienen ahora el mismo acceso que Puerto Rico al mercado de los Estados Unidos, pero sin la limitación de tener que utilizar la marina mercante más cara e ineficiente del mundo.

En un momento en que el Gobierno central y la Legislatura están buscando alivios para el consumidor e ingresos para el gobierno central, es oportuno revaluar la colocación de los recursos de cabildeo para eximir a Puerto Rico de las injustas leyes de cabotaje. Lograrlo conseguiría alivios para los consumidores y maximizaría el potencial económico del Megapuerto.

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Fuente: Brookings Institution:  “Porto Rico and its Problems” (1931)

Angel Collado Schwarz Fundación Voz del Centro (2006)

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